El Ministerio registra un 50% más de casos de compañías que operan sin autorización administrativa.

Interior destapa un gran fraude en el negocio de la seguridad privada

El Ministerio registra un 50% más de casos de compañías que operan sin autorización administrativa. Las multas han aumentado un 43%, hasta 3,5 millones de euros.

Además, la fuerte competencia también ha provocado que los costes laborales se hayan convertido en un factor de competitividad entre empresas, donde los sueldos no son muy elevados. “Trabajo de vigilante por la noche en un centro comercial; con ello, completo mi salario haciendo labores de asistenta del hogar durante el día”, comenta una empleada de una compañía de seguridad que prefiere mantenerse en el anonimato. El sector de la seguridad privado ha cobrado en los últimos días relevancia debido al fuerte incremento de delitos contra la propiedad privada en urbanizaciones de Madrid y Barcelona.

Según los expertos consultados, el estado de inseguridad inducido por este nuevo fenómeno delictivo podría impulsar aún más el negocio de la seguridad y de la vigilancia privada, una actividad que genera unos ingresos anuales en España de 3.000 millones de euros, y cuyos principales exponentes son Prosegur y Securitas, con una cuota de mercado que se sitúa cerca del 50% –en el sector operan unas 1.300 compañías–.

En paralelo a esta vertiginosa expansión, el Ministerio del Interior ha detectado también un fuerte incremento de empresas de seguridad privada piratas. Según la información facilitada por la Unidad Central de Seguridad Privada de la Dirección General de la Policía, en 2005 290 empresas operaban sin cumplir los requisitos para realizar este tipo de actividad, lo que supone un incremento de casi el 50% sobre el año anterior.

Los responsables de Interior aseguraron, en unas jornadas sobre el sector, organizadas por Recoletos Conferencias y Formación, que la mayor parte de las infracciones empresariales están relacionadas con el intrusismo y la competencia desleal. En general, se trata de sociedades que no disponen de autorización administrativa y de compañías que, aunque gozan de ese requisito, se exceden en sus competencias o contratan a personal inhabilitado para este trabajo.

La Policía también ha detectado un aumento de casos de “intrusismo personal”, es decir, personas que prestan el servicio sin contar ni con la formación ni con la autorización adecuada.

La construcción es uno de los grandes clientes de las empresas de seguridad donde se detectan este tipo de abusos. Según Interior, en este mercado se llevan a cabo labores de “protección” de obras por parte “de un segmento marginal (de la población) que se caracteriza por la amenaza, la coacción y la extorsión”.

Otra demostración del incremento de estas prácticas en el sector es el progresivo aumento de las multas graves y muy graves impuestas a las empresas infractoras. En 2005, la cifra ascendió a 3,5 millones de euros, lo que supone un incremento de más del 40% sobre el año anterior.

Entre los factores que han contribuido a esta situación fraudulenta, destaca la coincidencia de una alta demanda de seguridad privada con una escasez de personal cualificado. Las empresas cifran la falta de profesionales en 20.000 personas. El déficit ha provocado, que en ocasiones, se realicen contratos a personas que no cuentan con la cualificación profesional mínima. Aunque la situación ha mejorado, según datos de la propia patronal del sector, el 57% del personal de seguridad sólo dispone de estudios básicos, mientras que diplomados y licenciados sólo representan un 7% del total.

Competitividad

La competencia desleal y el intrusismo se han implantado también en el sistema educativo. Según la información de la Dirección de la Policía, “el intrusismo prolifera en actividades de vigilancia y de protección, en instalación e, incluso, se ha llegado a detectar en centros de formación”.

Prosegur, líder del sector en España, Portugal y Latinoamérica, es uno de los grupos empresariales interesados en acabar con esta lacra, “ya que mientras nosotros cumplimos con todas las obligaciones, hay otras compañías que se valen de la competencia desleal para arañar cuota de mercado”. La empresa cuenta con dos grandes centros de formación propios, “uno en Madrid y otro en Barcelona, homologados y totalmente gratuitos para el personal seleccionado”, señala David Laorda, director de Selección, Formación y Desarrollo en España de la compañía. Todo el personal de Prosegur proviene de sus centros. En su opinión, la ley que regula el sector es adecuada, “el problema es que es necesario que se aplique”.

La competencia en el mercado de la seguridad privada es agresiva. Según los últimos datos de la patronal del sector, Aproser, a finales de 2005 el número de empresas autorizadas por Interior ascendía a 1.107, lo que significa que en un sólo año se dieron de alta 133 sociedades. La atomización empresarial provoca que sólo un 2% de las compañías tenga más de 500 empleados.

A pesar de la fuerte atomización, el sector asegura que existe una tendencia creciente a la concentración, ejercida por las grandes compañías. Destacan los casos de Prosegur, que adquirió recientemente la empresa catalana CESS y la gallega Nordés; y de Securitas, que ha comprado la sociedad castellano-manchega TCV Seguridad y la andaluza Black Star.

Para combatir este tipo de prácticas ilegales, las empresas de seguridad privada también demandan un esfuerzo par parte de los clientes. “Es necesario que asuman que este tipo de servicios no son un gasto sino una inversión para la empresa”.