Demasiadas veces humilladas, olvidadas o ignoradas, las víctimas del terrorismo sentirán hoy el aliento de la sociedad. Será en el Congreso de los Diputados, donde los que sufrieron el cruel zarpazo de la violencia etarra, yihadista, de los Grapo (ayer se cumplieron 15 años del secuestro de Pueblio Cordón) y de otros grupos recibirán un justo homenaje por entregar su vida, como héroes, en defensa de la libertad. Este reconocimiento a los 1.382 asesinados, el primero que rinde la Cámara Baja, llega cuando han transcurrido tres décadas de democracia y cuando se cumple medio siglo —motivo central del homenaje— del primer asesinato de ETA: el de Begoña Urroz, en la estación donostiarra de Amara el 27 de junio de 1960. Tenía veintidós meses. Desde ese día hasta ahora, ETA ha matado sobre todo a «uniformados» y no ha dudado en colocar coches bomba en casas cuartel con niños como los de Vic y Zaragoza. La extrema crueldad de los etarras pocas veces ha sido aliviada con urgencia por los que tenían en sus manos la responsabilidad de hacerlo. La futura ley de víctimas, como el homenaje de hoy, tardó en llegar y ha sido, precisamente, esta semana cuando los grupos parlamentarios han alcanzado un pacto para cubrir las lagunas existentes sobre el cobro de indemnizaciones y otros aspectos encaminados a mejorar el abrigo que el Estado debe procurar a quienes dieron lo más valioso que tenían.
Y es que con la víctima siempre se ha actuado tarde, aunque unos más que otros. Tuvo que llegar abril de 2007 para que el ex lendakari Juan José Ibarretxe les pidiera públicamente perdón en nombre de las instituciones por «no haber sabido estar a la altura». Pero el cambio registrado en Ajuria Enea ha supuesto el empujón definitivo hacia el reconocimiento moral, social y político de este colectivo. «El futuro de este país no se construirá nunca sobre el olvido», prometió el actual lendakari, Patxi López, durante su investura hace un año. Una declaración de intenciones que
buscaba saldar la deuda adquirida por la ciudadanía vasca por el largo abandono a sus muertos, y que abría entre las asociaciones de afectados «un ventana a la esperanza».
Fiel a su compromiso, el nuevo Gobierno vasco ha colocado a las víctimas en el centro de sus políticas de deslegitimación de la violencia, pilar fundamental del «acuerdo de bases por el cambio» suscrito con el PP. Y justo un año después, acaba de aprobar (no sin dificultades) la que es una de sus prioridades esta legislatura: el Plan de Convivencia Democrática, que llevará la voz de las víctimas a las aulas para reeducar a ese 14,8 por ciento de los jóvenes vascos que, según las encuestas, aún justifica la sinrazón etarra.
Limpiar las calles
Más allá de la arena educativa, la lucha contra ETA se libra en todas las esferas de la vida pública. Se ha cortado el grifo de las subvenciones a los colectivos de presos, la Ertzaintza limpia a diario las calles de la hoy escasa cartelería proetarra. Poco a poco, las fotos de los verdugos luciendo en «herriko tabernas» y «txoznas» dejan de perturbar la dignidad de las víctimas y, aunque aún quedan cosas por hacer, el «callejero etarra» está a punto de desaparecer.
En líneas generales, puede afirmarse que la nueva política vasca ha desterrado a los profesionales de la equidistancia y ha dado paso a un mensaje contundente de respaldo sin fisuras a quienes han sufrido la lacra terrorista. Las instituciones —incluida la Iglesia vasca— se han puesto de lado de quienes padecen y ya no hay medias tintas para con los verdugos. La frase «era uno de los nuestros», pronunciada por López tras el asesinato del policía nacional Eduardo Puelles, marcó un salto cualitativo en el discurso.
En la Dirección del Gobierno de Vitoria de Atención a las Víctimas del Terrorismo corroboran ese cambio sustancial. «No hay que ser muy agudo para intuir las diferencias entre el discurso de Juan José Ibarretxe, que quizá se limitaba al «ETA
tiene que desaparecer», frente a la contundencia actual», afirma Chema Urquijo, adjunto a esa Oficina.
También el Parlamento vasco, liberado de Batasuna, ha abierto sus puertas a los que sufren el acoso de ETA. «El hecho diferencial con respecto a la anterior legislatura es que hoy existe unanimidad para condenar los atentados y homenajear a las víctimas», señala la presidenta de la Cámara de Vitoria, Arantza Quiroga. Parlamentaria del PP durante los tres mandatos anteriores, Quiroga considera que en la actualidad «se cuida mucho más» a este colectivo. Por primera vez, asociaciones como la AVT o Covite accedieron a ser recibidas en el Parlamento. «Se sienten arropados, encuentran cobijo en las instituciones. Más allá de los gestos, que antes también los hubo, notan que ya no existen prebendas hacia los verdugos», advierte Quiroga. Para la dirigente popular, «la equidistancia» de los gobiernos anteriores «ha sido letal», porque «ofreció cobertura» a los victimarios e impidió que la ciudadanía «terminara por posicionarse» de lado de las víctimas.
La Cámara vasca rendirá el próximo viernes un homenaje a los concejales asesinados por ETA, y a quienes siguen ejerciendo sus funciones pese al aliento acosador de la banda. «Por primera vez se va a reconocer públicamente a los ediles, y no sólo a los del PP y PSE, que son más visibles porque llevan escolta. También a los del PNV, incluso EA o Aralar, que sufren en silencio el acoso de los violentos y el abandono de sus partidos, afirma Quiroga.
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