La Unidad Disciplinaria trata de localizar al responsable de una supuesta filtración de su contenido
Bilbao. La Unidad Disciplinaria de la Ertzaintza ha iniciado una investigación sobre todos los agentes del Cuerpo que han accedido al sumario del denominado caso De Miguel, la presunta trama de corrupción en Araba que implicaría a personas vinculadas al PNV y que está siendo investigada por la Policía vasca, el juez instructor y la Fiscalía. El órgano equivalente a Asuntos Internos ha ordenado a los ertzainas implicados que realicen un informe en el que expliquen con detalle las razones por las que consultaron el citado atestado cuando sobre el mismo aún pendía el secreto de sumario. Fuentes del Departamento conocedoras de la situación interpretan que esta actuación pretende descubrir al responsable de una supuesta filtración del contenido del sumario. Se desconoce cuándo se habría producido la misma y a quién habría beneficiado.
Esta iniciativa de la Unidad Disciplinaria afecta principalmente a los ertzainas adscritos al servicio de información, que cuentan con autorización para acceder a este tipo de documentos. En la misma situación se encontrarían los mandos de la Ertzaintza que disponen de las claves necesarias para consultar estos informes confidenciales. Se da la circunstancia de que estas operaciones dejan una huella digital y quedan registradas, por lo que los movimientos de los agentes y su identidad son inmediatamente identificados. En lo que al caso De Miguel se refiere, todo el que haya accedido a su atestado deberá explicar ahora los motivos que le llevaron a ello.
El levantamiento del secreto del sumario se produjo el pasado 14 de mayo, cuando el juez que instruye el caso, Roberto Ramos, se lo entregó a las partes implicadas. Sin embargo, su contenido ya apareció de forma previa en algunos medios de comunicación. Ese mismo día, un periódico de ámbito estatal adelantó la existencia de nuevas imputaciones. Las filtraciones han sido constantes desde entonces.
Por otro lado, desde algunos ámbitos se ha dado por supuesto que el PNV, más concretamente su rama alavesa, tiene el sumario en su poder. La Diputación de dicho territorio, liderada por Xabier Agirre, ha manifestado su intención de personarse en la causa para acceder al sumario con el fin de comprobar si debe adoptar alguna decisión legal en base a su contenido. El Gobierno vasco también acordó personarse para conocer las investigaciones practicadas hasta el momento y, en caso de comprobar que ha habido intereses públicos perjudicados, actuar como acusación.
El secreto de sumario se prolongó durante dos meses, lo que provocó peticiones de dirigentes políticos para que se levantara cuanto antes con el fin de conocer los pormenores de la causa. El 16 de abril se dictó una prórroga de un mes de dicho secreto, que el juez instructor prácticamente agotó. Las dificultades técnicas para digitalizar su voluminoso contenido -19 tomos y cerca de 5.000 folios cuando salió a la luz- provocó a su vez un retraso de varios días. La investigación del juez, la Ertzaintza y la Fiscalía prosigue y, en apenas 15 días, el sumario pasó a ocupar 23 tomos.
Presión La actuación de la Unidad Disciplinaria de la Ertzaintza para conocer el manejo que se ha hecho a nivel interno del sumario del caso de Miguel sucede a la que llevó a cabo el pasado mes de marzo para comprobar que la bandera española y la fotografía del lehendakari Patxi López lucen en todas las comisarías. Fuentes de la Policía vasca calificaron de "incomprensible" que esta Unidad "se ocupe de estos menesteres con las carencias de personal que tenemos en las calles". A ello agregaron la "escasez de presupuesto y la obligación de cumplir estadísticas carentes de sentido".
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