Los terroristas viven el peor momento de sus 51 años de historia, con más presos que nunca y una división latente.
Volver El pasado jueves Fermín Martínez, Artzai Santesteban y Zuriñe Gogenola, tres de los nuevos activistas de ETA que figuraban en las listas de los más buscados del Ministerio del Interior, se dejaron «cazar» en Roma tras pasar medio año de rocambolesca huida por Europa sin que nadie en la banda pudiera hacerse cargo de ellos tras su fuga el pasado noviembre cuando escaparon al último gran golpe a la cantera terrorista. Al final, prefirieron entregarse ante la imposibilidad de tomar las armas. La debilidad del otrora omnipresente aparato de acogida es la última evidencia de la descomposición de ETA, pero no es la única: el colectivo de presos engorda día a día, la disidencia en las cárceles crece a ritmo exponencial, los atentados son esporádicos, los jefes caen uno tras otro, las listas de liberados menguan como nunca, el acoso internacional acogota por todos lados. Así las cosas, el manido mantra de que «estamos más cerca del final de ETA», repetido con machaconería por los cinco últimos ministros del Interior durante los últimos 14 años, parece tener visos de ser algo más que un deseo. ¿Es el final de trayecto de una banda con 51 años de historia de sangre?
El rumor de que la banda está cerca de declarar una tregua tácita o explícita se hace más fuerte conforme la disidencia en la calle y, sobre todo, en las cárceles aumenta. La apuesta decidida de Alfredo Pérez Rubalcaba por romper a ETA desde las prisiones, en la que él no creía a su llegada al Ministerio, da ahora los mejores frutos y la cúpula terrorista lo sabe, pero se ve impotente para frenar la sangría. Son ya cerca de medio centenar de presos los que, de una forma u otra, han roto con la organización e, incluso, han firmado los cuatro puntos que Interior exige para que se incorporen al grupo de arrepentidos: condena de la violencia, perdón a las víctimas, asumir la responsabilidad civil de sus atentados y colaboración con la justicia. Por las tres cárceles en las que Instituciones Penitenciarias concentra a estos díscolos, Villabona, Zuera y Nanclares, han pasado cerca de un centenar de presos en los últimos meses. Unos movimientos que forman parte de una dinámica de continuos y calculados traslados de reclusos terroristas que se ha intensificado. Sólo entre mayo y junio, 72 miembros de ETA han sido alejados o acercados, la décima parte de la población reclusa de la organización que está repartida por España, Francia, Portugal, Inglaterra y, desde esta semana, Italia.
La colonia etarra entre rejas no ha bajado ni una sola vez de los 600 presos desde el 2002 aunque los atentados, que a la postre son la mejor pista para practicar detenciones, se han reducido desde entonces a menos de la cuarta parte. Entre enero y junio del 2010, según las estadísticas de Interior, fueron capturados 61 terroristas sin que ETA haya podido perpetrar ni un atentado relevante en España.
Apuestas fracasadas
Las detenciones antes de actuar, las más valiosas, pero también las más difíciles, son moneda corriente, y han permitido capturar tanto a jefes como a «indios». El pasado mayo cayó en Francia el quinto cabecilla de ETA en dos años. Como casi todos sus antecesores, Mikel Karrera, 'Ata', en su breve «mandato» de tres meses se preocupó más de huir que de preparar atentados. Sus apuestas se contaron por fracasos antes de nacer: la fábrica de bombas de Portugal, la reactivación de tres comandos en el País Vasco y la puesta en marcha de una base en Cataluña.
«Y por debajo las cosas no están mejor», afirman los mandos de la lucha antiterrorista que, aunque hacen lo imposible por no lanzar las campanas al viento, recuerdan, no sin sorna, el perfil de los nuevos activistas de la «ETA-Facebook» nacida en el 2009 y que en los últimos meses ha dejado un reguero de datos en las redes sociales para satisfacción de las fuerzas de seguridad. Estos etarras de nuevo cuño viajan con su documentación real y en coches de sus familiares, compaginan su actividad terrorista con el tráfico de drogas o se prestan a formar parte de listas electorales ilegalizadas y sometidas a la vigilancia continua de las fuerzas de seguridad. Una 'lumpenización' que debe remecer en sus tumbas a más de un histórico
Las caídas, además, no son ya cubiertas con tanta velocidad como hace tres años y medio, cuando ETA rompió la tregua con el atentado de la T-4 de Barajas envalentonada por la ola de jóvenes huidos de la 'kale borroka' que, aun sin experiencia, decidieron dar el paso y enrolarse en sus filas. Con estas nuevas incorporaciones, los terroristas lograron mantener en el 2007, 2008 y parte del 2009 una actividad notable. Pero la veta de la violencia callejera, en cambio, ha caído en picado desde mayo del 2007, cuando hubo más de cien ataques, y con ella el 'salto' de los cachorros a ETA. En verano de 2009, época de fiestas estivales y sabotajes, ningún mes llegó a los 40 atentados de los llamados de baja intensidad.
La amplia redada de la Policía del pasado noviembre contra Segi -la operación se saldó con una treintena de arrestados y de la que huyeron los tres detenidos el jueves en Roma- dejó, además, sin «plan b» y sin cantera a la banda. El resultado es que, por primera vez en la última década, la relación de 'liberados' (fichados) de ETA no supera la treintena. El número de 'legales' (no fichados) es, por supuesto, una incógnita, aunque los servicios de Información no creen que ahora superen la veintena, incluidos los colaboradores.
Nadie paga
Pocos y pobres, insisten los informes de los expertos de la lucha antiterrorista. La nueva ETA está en bancarrota, hasta el punto de que en los últimos meses las fuerzas de seguridad ya han interceptado documentos y comunicaciones en las que se insta a los «legales», los únicos que pueden tener ingresos regulares con las nóminas por su trabajo, a pagar de su bolsillo los trabajos para la banda. Sin aparente capacidad logística ni técnica desde hace una década para sostener un largo secuestro, aunque Interior sigue sin descartar una acción de este tipo, que permita salir del pozo financiero, las dos únicas posibles vías de financiación de ETA, el impuesto revolucionario y, en menor medida, el dinero de los ayuntamientos gobernados por la izquierda abertzale, viven también horas bajas.
La extorsión por medio de cartas no ha cesado. Sólo el año pasado se contabilizaron cerca de 3.500. Sin embargo, cada vez son menos los empresarios vascos y navarros que ceden al chantaje, sabedores que ETA tiene cada vez más difícil cumplir sus amenazas si no pagan. Los terroristas, a su vez, aunque manden las cartas, tienen casi imposible cobrar después el dinero que exigen.
En cuanto a los consistorios afines a ETA, 42 en Euskadi y Navarra, el allegamiento de fondos al entorno pro etarra tiene fecha de caducidad: el 22 de mayo del 2011, fecha de las próximas elecciones municipales en las que será muy difícil que la izquierda abertzale pueda presentar listas de candidatos que pasen el filtro del Supremo y del Constitucional, tribunales que, además, cuentan con el respaldo doctrinario de la corte de Derechos Humanos de Estrasburgo, que en junio del 2009 apoyó por unanimidad la ilegalización de Batasuna. Un espaldarazo internacional que sólo es la guinda a una colaboración transnacional que en Europa ya nadie cuestiona.
Así pues, ¿final de trayecto para ETA? Ninguno, absolutamente ninguno, de los mandos de la lucha antiterrorista se atreve a suprimir los interrogantes a la pregunta. Inquieta que los nombres que suenan como nuevas jefas de ETA, Iratxe Sorzábal Díaz e Izaskun Lesaka Argüelles, procedan del sector 'duro' crecidas a las sombra del sanguinario 'Txeroki'. Pero a pesar de esos nubarrones, todos los que se dejan el pellejo por terminar con la banda repiten, ahora ya convencidos, el mantra: «estamos más cerca del final de ETA».
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