La Justicia no siempre llega a tiempo. Al menos 48 asesinatos terroristas que se cometieron hace más de 20 años siguen sin resolverse, según los informes elaborados por la Fundación de Víctimas del Terrorismo.
La amplia mayoría no se resolverán nunca: los anteriores a diciembre de 1976 están amnistiados y muchos de los posteriores han prescrito. Y, si no lo han hecho, las dificultades para identificar o localizar a sus posibles autores décadas después hacen casi imposible que se celebre un juicio. A las familias de las víctimas no les quedará ni siquiera el consuelo de reparar su memoria.
La situación que se vivió esta semana en la Audiencia Nacional es ciertamente excepcional. En el banquillo de los acusados se sentó el ex líder de los Comandos Autónomos José Antonio Zurutuza por dos asesinatos cometidos hace 28 años.
El plazo de 20 años que establece el Código Penal para la prescripción se pone a cero cada vez que se realiza un nuevo acto de investigación: el último en esta causa se había llevado a cabo en 1984, y a Zurutuza lo detuvieron 19 años y nueve meses después.
Otros cuatro de los asesinatos que se le atribuyen quedarán impunes. La viuda y la hija de José María Latiegui, una de esas víctimas, fueron expulsadas del juicio por expresar su frustración.
La Fundación estima que un 10% de los más de 800 asesinatos de ETA quedarán sin resolverse.
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